Cuatro años después de declararlo moneda de curso legal, El Salvador llega a un aniversario que mezcla prudencia con ciertos logros concretos. La imagen que hace cuatro años se vendió al mundo —un pequeño país dispuesto a experimentar con Bitcoin para transformar finanzas y atraer innovación— hoy está en pausa pero no en ruinas: el gobierno reporta una reserva intacta de 6,313 BTC, valorada en más de 700 millones de dólares al cierre. Al mismo tiempo, las políticas públicas vinculadas a la criptomoneda han sido recortadas, en parte por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que exigió la derogación de la ley que hacía del BTC moneda de curso legal y la promesa de no comprar más con fondos públicos. Me parece significativo que, pese al retroceso estratégico, el Estado conserve una posición financiera relevante en BTC y que, además, haya desarrollado infraestructura normativa como la Ley de Emisión de Activos Digitales y la Ley de Banca de Inversión. El relato público se ha reconfigurado: de la apuesta maximalista a una gestión pragmática, con logros en educación y nuevos instrumentos para “inversores sofisticados”, pero también con preguntas pendientes sobre el impacto real en la ciudadanía y la sostenibilidad del experimento.
Reservas y decisiones: 6,313 BTC y la nueva prudencia fiscal
El anuncio oficial del Bitcoin Office de que el Estado posee 6,313 BTC, valuados en más de 700 millones de dólares, marca el centro emocional del aniversario. Ese colchón —construido durante los años iniciales del experimento— es la prueba tangible de que la estrategia estatal acumuló activos y no los dilapidó en corto plazo. Sin embargo, la foto está acompañada por decisiones concretas de repliegue: como parte del acuerdo con el FMI, los legisladores derogaron la ley de moneda de curso legal y se comprometieron a no adquirir más BTC con fondos públicos. Es importante subrayar que un informe del propio organismo multilateral confirma que no ha habido compras oficiales desde diciembre de 2024, y que las reservas permanecen sin cambios en la letra de la carta de intención. Esto redefine la ambición: de una política expansiva a una administración conservadora del activo. Para los mercados y para la política interna, la existencia de la reserva mitiga riesgos inmediatos, pero la prohibición de nuevas compras limita la capacidad del Estado para aprovechar correcciones del precio o estrategias activas. En suma, la reserva es tanto escudo como cadena: da respaldo financiero, pero condiciona la flexibilidad futura.
Instrumentos y regulación: de la innovación normativa a la selección de clientes
En paralelo a la acumulación de BTC, El Salvador avanzó en un marco legal que pretendía convertirlo en un laboratorio regulatorio. La aprobación de la Ley de Emisión de Activos Digitales y la Ley de Banca de Inversión abrió puerta a vehículos financieros inéditos para la región. En este cuarto aniversario se anuncia una nueva ley que permite a bancos de inversión de Bitcoin atender a “inversores sofisticados”, una categoría que, por definición, excluye a buena parte del público general. Ese matiz es clave: la apuesta por sofisticación reconoce la complejidad y el riesgo del activo, pero también distancia a la política pública de la inclusión masiva que se pregonó en la fase inicial. Adicionalmente, se informa del lanzamiento de bancos Bitcoin y de programas públicos que combinan BTC con inteligencia artificial, una señal de que la agenda tecnológica sigue viva aunque con un perfil más profesional. Esta orientación dual —regulación avanzada y foco en clientes sofisticados— sugiere que el país está buscando atraer capital e innovación institucional en lugar de acelerar la adopción retail. El coste político de esa transición es tangible: defensores de la adopción amplia critican que las reformas beneficien al Estado y a inversores con capacidad, mientras que la población que esperaba soluciones cotidianas en pagos y remesas percibe un alejamiento de la promesa original.
Educación, Chivo y la recepción ciudadana
Entre los logros celebrados por el gobierno destacan los programas de capacitación: 80,000 servidores públicos certificados en Bitcoin es un número que refleja inversión en capital humano y en familiaridad institucional con la tecnología. También se subraya la creación del monedero Chivo, cuya adopción fue tibia desde el inicio y que ahora figura entre los elementos que han sido escalados hacia atrás según los términos del acuerdo con el FMI. La experiencia del Chivo ilustra una tensión recurrente: la tecnología puede desplegarse rápidamente, pero su adopción social exige utilidad percibida, confianza y un entorno financiero estable. Si las pasarelas y las infraestructuras no ofrecen ventajas claras frente a sistemas ya establecidos —bancos tradicionales, servicios de remesas—, el entusiasmo se erosiona. Además, la formación de funcionarios no garantiza automáticamente que los ciudadanos mejoren su acceso a servicios o ingresos. Lo que veo en estos anuncios es una apuesta por institucionalizar conocimientos y herramientas técnicas, más que por impulsar una transición masiva del tejido productivo hacia pagos en BTC. Eso puede ser una estrategia sensata desde el punto de vista macro, pero deja un problema político y social sin resolver: la diferencia entre capacitar a servidores públicos y transformar la vida cotidiana de los ciudadanos.
Análisis: ¿experimento fallido o ajuste responsable?
Creo que la lectura más justa es que El Salvador está en una fase de ajuste y aprendizaje, no en una sentencia definitiva sobre la viabilidad de adoptar criptomonedas a escala nacional. Haber acumulado 6,313 BTC y mantenerlos como reserva es un logro financiero difícil de negar; sin embargo, la derrama de beneficios que se prometía —reducir costos de remesas, fomentar inclusión financiera masiva, atraer una nueva industria tecnológica local— se ha visto comprometida por la combinación de dificultades de implementación y presión internacional. El acuerdo con el FMI impone límites claros: no comprar más BTC y derogar el estatus de moneda legal. Estas medidas son, desde la perspectiva de un organismo que vela por estabilidad macroeconómica, coherentes. Desde la óptica tecnológica, representan un freno a la experimentación pública. Me parece relevante que las autoridades prioricen la sostenibilidad fiscal y la reputación ante acreedores: eso puede abrir otra vía, más gradual, para integrar tecnología blockchain en servicios concretos, como verificación de identidad, contratos públicos o nuevas formas de inversión institucional. Al mismo tiempo, el enfoque hacia “inversores sofisticados” deja en el limbo a ciudadanos y pequeñas empresas que podrían beneficiarse de modelos de micropagos o monetización en sectores como gaming y streaming. La tecnología del blockchain sigue ofreciendo herramientas útiles para creadores de contenido, mercados digitales y plataformas de streaming que buscan alternativas a las pasarelas tradicionales de pago; no obstante, para que esas ventajas materialicen en El Salvador harán falta políticas públicas que vuelvan a colocar a la gente común en el centro, no sólo a las reservas y la estructura financiera.
Mirando hacia adelante, el aniversario se siente menos como una celebración y más como un punto de inflexión. Mantener la reserva de Bitcoin le da al gobierno margen financiero y narrativo; haber desarrollado leyes y programas educativos construye una base institucional real. Pero la retirada parcial impulsada por el FMI y el giro hacia clientes sofisticados muestran que el proyecto entra en una etapa de profesionalización y selectividad. En mi opinión, el reto para El Salvador será traducir esos activos y conocimientos en beneficios tangibles para su población, ya sea a través de servicios públicos más eficientes, mejores oportunidades para desarrolladores y emprendedores en tecnología, o mecanismos que permitan a creadores en gaming y streaming monetizar sin depender exclusivamente de intermediarios extranjeros. Si el país consigue reencauzar la narrativa desde la grandilocuencia hacia experimentos prácticos y replicables, podrá presentar su experiencia no como un fracaso, sino como una lección valiosa en cómo adoptar tecnologías disruptivas con prudencia y sin perder la ambición de innovación.
